Costa Rica es parte del 88% de los países del mundo que poseen dos o más formas de malnutrición. Pese a que el país ha sido relativamente exitoso en la lucha contra la desnutrición, el 5,4% de la población continúa en condición de inseguridad alimentaria (FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020). Al mismo tiempo, la pobreza extrema se encuentra estancada alrededor del 5% de la población, y la pobreza en el 20% desde hace más de diez años1 (INEC, 2020). La evidencia internacional indica que los hogares de menores ingresos tienden a optar por alimentos cuyo costo por caloría aportada son menores, tales como alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, y consumir relativamente menos alimentos cuyo costo por caloría aportada es mayor, como las frutas y verduras (Mayén, Marques- Vidal, Paccaud, Bovet, & Stringhini, 2014). Como consecuencia, la introducción del impuesto al valor agregado (IVA) y la definición de una canasta básica tributaria (CBT) sin criterios nutricionales puede ampliar la brecha entre los costos de alimentos de bajo valor nutricional y los alimentos de alto valor nutricional, repercutiendo negativamente en el acceso a alimentos deseables desde el punto de vista nutricional de toda la población y, particularmente, de la población con menores ingresos.