Este trabajo discute la legislación vigente en Costa Rica, relativa al SIDA. Se ha generado un cuerpo de decretos ejecutivos al reconocerse, en 1985, la presencia del SIDA en el país. Un decreto fue promulgado en 1985, dos fueron promulgados en 1986, tres en 1987 y tres en 1988. La normativa ha tenido por objeto aportar un marco legal a las autoridades de salud y sociedad en general sobre algunas consecuencias legales de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), y sus implicaciones para los individuos de la sociedad global. En su elaboración se ha considerado el balance deseable contra el “bien público” y los derechos individuales, balance harto difícil de lograr en muchos casos. En la normativa se ha tomado el parecer del Ministro de Salud (y algún otro Ministro indicado), el de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), y el de los sectores de la comunidad afectados. También se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras agencias internacionales conocedoras del problema.