Los autores analizan la atención médica que se brinda a los detenidos en las cárceles de Costa Rica y la cual se fundamenta en un convenio entre el Seguro Social y el Ministerio de Justicia. Se destaca el problema de la superpoblación penal y la desproporción entre el número de detenidos y el número de médicos encargados de su atención. Se cita un estudio que demostró que la mitad de las muertes naturales que ocurren en prisión se podrían haber evitado con atención médica adecuada. Se sugiere incluir plazas de servicio social para mejorar el servicio.