La salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Costa Rica y diversos tratados internacionales, de los cuales el Estado es parte. A pesar de lo anterior, muchos contratos de seguro médico privado excluyen (o restringen severamente) diversas condiciones médicas, entre las que se encuentran las clasificadas como psiquiátricas. Este tipo de prácticas resulta no solo estigmatizante, sino que también revela una falta de garantía de la protección integral de la salud general de las personas aseguradas. Resulta indispensable, por lo tanto, que las aseguradoras modifiquen su postura de continuar excluyendo servicios básicos, mientras que el Estado, por su parte, debe ejercer su obligación de velar por la efectiva garantía de los derechos humanos, en particular mediante una adecuada supervisión del derecho a la salud.