La ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de este, son causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad y representan un riesgo inminente para la salud pública a nivel mundial. Muchos gobiernos dudan en adoptar medidas legales y políticas necesarias para disminuir el consumo de tabaco, por temor a las consecuencias económicas negativas que tales medidas podrían implicar. La producción, exportación e importación de tabaco son una parte ínfima de la economía costarricense. El control estricto del tabaco no produciría una pérdida neta de empleos; la teoría económica dicta que se verificaría un cambio en los patrones de consumo, el cual implicaría un aumento de empleos en otras áreas de la economía nacional. Existe evidencia de países de alto, mediano y bajo ingreso, que demuestra que el aumento del precio de los cigarrillos por medio del incremento de impuestos induce a la disminución en el consumo y previene el inicio del fumado, especialmente en la población joven. Además, se genera un aumento en ingresos fiscales como consecuencia de los impuestos. La evidencia prueba que el contrabando de tabaco está íntimamente relacionado con el nivel de corrupción existente en el país, por eso con el aumento o disminución de impuestos, los cambios en el contrabando no son significativos. Hay evidencia de que no existen pérdidas económicas por ventas, ni disminución en empleos en hoteles, bares y restaurantes, al implementar la ley de espacios100% libres de humo.