Por protección social se entiende el conjunto de normas que tienden a evitar la exclusión de grupos en estado de vulnerabilidad de determinados riesgos: enfermedad, vejez, invalidez, desempleo y otros, que les permite desarrollar actividades de la vida diaria, alcanzar mayor autonomía y ejercer derechos de ciudadanía. Esta política de acuerdo con la resolución CD52.R11 de la Organización Panamericana de la Salud, favorece el acceso a niveles adecuados de cuidados a la salud. Al respecto se debe considerar el incremento en la sociedad de grupos de población dependientes, lo que plantea una serie de demandas futuras no ajenas al quehacer médico. Es preciso comprender que aunque se garantice el acceso a la justicia de estos grupos, no siempre la valoración médico legal va a garantizar las pretensiones del denunciante. En la atención de la población dependiente están implicados diversos sectores, las instituciones encargadas de garantizar los cuidados de salud deben dar importancia a la calidad de los servicios y al carácter inclusivo de la oferta.