Habitualmente, el médico forense emite su criterio de incapacidad permanente en forma de porcentaje de disminución de la capacidad general orgánica o laboral cuando valora daño corporal, pero desconoce cómo esta cifra se convierte en un valor monetario dentro del Proceso Judicial. Esta es precisamente la labor del perito actuario matemático, quien considerando múltiples variables logra traducir dicho porcentaje en compensación económica para las víctimas. En el presente artículo se describe uno de los procedimientos utilizados en Costa Rica para tal efecto, ilustrado con casos reales.